Se trata de una familia de Barrio Industrial que hace años sufre esta situación, que se agrava a medida que transcurre el tiempo por la enfermedad de su pequeña hija.
En la actualidad estas condiciones han llegado a un punto limite, atento a que los médicos que atienden la patología de su niña, les exigen por su salud, que se muden del lugar mientras se mantenga esta combinación fatal de fumigaciones y humo de la quema del basural.
Es decir que esta familia, dicho brutalmente, para tener posibilidades de supervivencia de su hija, debe mudarse de su propia casa, dejando atrás sus derechos pisoteados por los intereses económicos de particulares y la desidia del estado.
Para ayudar a entender esta realidad, nos permitimos transcribir textualmente una palabras de su Mamá, Mariana Moyano: “ La luchamos día a día todos saben de la Municipalidad el caso de Mili ni siquiera me dejaron pedir una audiencia sólo me dijeron que me busque una casa para irme y que me iban ayudar con algo para el alquiler yo no tengo a donde irme es la realidad convivimos con el humo del basural más las fumigación tengo certificado hecho x la doctora diciendo de la enfermedad de mi hija y el riesgo que corre mientras sigan fumigando y prendiendo fuego el basural nos tenemos que ir del barrio culpa de que siguen fumigando hace años que vivo en el barrio y nunca pararon de fumigar”
Creemos nosotros que, visto la insensibilidad de la parte privada, se hace imperiosa aquí la intervención del Estado para garantizar los derechos a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente sano, que deben ser protegidos y tienen rango constitucional. Por lo tanto la inacción de los funcionarios responsables, puede dar lugar a una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público-artículos 248 y 249 del código penal.
Se establece taxativamente que resulta ilegal ganar dinero dañando el medio ambiente a costa de la salud de la población.
En la Provincia la autoridad de aplicación es el Organismos de para el desarrollo sustentable-OPDS- y los Municipios en caso de haber firmado un convenio con esta dependencia.
En la región, la localidad de San Antonio de Areco sancionó el año pasado una ordenanza prohibiendo la fumigación aérea en todo el distrito.
Si bien aquí nos ocupamos del caso de esta niña en particular, este debe ser un tema que movilice a toda la sociedad por el futuro del planeta que les dejaremos a nuestras generaciones venideras.
Y los que más responsabilidad registran son quienes ejercen el poder político, que en forma hipócrita manifiestan una postura a favor de cuidar el medio ambiente cuando están en la oposición y, al asumir sus cargos son prácticamente socios de estos fabricantes de la muerte.