Lo hace público una vecina de la localidad, en las redes sociales, con el objeto de alertar a los demás habitantes que tengan hijos menores de edad.

Atento la gravedad de la acusación, y por tratarse de la probable venta de estupefacientes, a nuestro entender debería actuar inmediatamente la Justicia, por intermedio de la Fiscalía que corresponda.

Y si estos mecanismos no se activan, las autoridades políticas tendrían que utilizar los elementos que brinda nuestra Constitución para exigir las debidas sanciones a los organismos judiciales que se muestren pasivos ante estos hechos delictivos que condicionan el futuro de nuestros jóvenes.

Asimismo el Intendente como jefe de las fuerzas policiales, debe requerir en forma urgente a los responsables de garantizar la seguridad en la localidad, una explicación sobre su actuación, ya que estos hechos suceden ante la vista de toda la comunidad.

Las personas que denuncian esta realidad, deben recibir todas las garantías de los poderes del Estado, para que todo aquel que sea testigo de la comisión de un delito, sepa que será protegido.

No debemos mirar para otro lado, porque seguramente nos hundiremos en un pozo muy profundo.