Por Martín López Lastra
De manera atípica varios temas, como disparadores de agenda de gestión, aparecieron en el debate político provincial. Relacionados, algunos con la economía, otros con la inseguridad, generaron polémicas que de manera mediata o inmediata influirán en la relación con la oposición y con los bonaerenses.
Respecto de lo económico, Daniel Scioli será juzgado por distintos actores políticos respecto de su "actitud" frente a la convocatoria nacional respecto de la coparticipación impositiva. Salvo su retórica conocida respecto de la pérdida de puntos porcentuales, involucrando un cuestionamiento del pasado, más que del presente, su discurso no aparece como punzante como para conmover el ánimo kirchnerista.
Lo de Scioli resulta una dosis más de previsibilidad en un escenario nuevo. Un aval a una táctica de distracción de la necesaria y urgente dotación de recursos a las provincias, entre ellas la que él administra.
Ponerse más en rol de comprensivos de los demás actores, -como sus colegas gobernadores y el gobierno nacional-, que preocuparse en defender con mayor énfasis el reclamo de la recuperación histórica de la coparticipación, pareciera que es poner el carro delante de los caballos. ¿Acaso esa comprensión es mutua de parte de otros interlocutores?
Hay muchas declamaciones y poco pasaje a lo fáctico, como podría ser el armado de una agenda de coparticipación, diálogo con legisladores y la argumentación bonaerense aparece como escasa, más bien para hacer equilibrio entre la presión que ejerce la oposición doméstica y la presión de sus referentes nacionales.
Ya más en el plano interno, parece avecinarse otro debate de altura y con algún ruido, esta vez con pocas concesiones mutuas.
La ley de hidrocarburos -sobre la que tanto se anticipó en declaraciones públicas- está próxima a ingresar a
En concreto, lo válido es señalar, en palabras del propio Ferré "
Curiosamente y como dato alentador de más estridencia política, esta ley que sólo hablará de "marcos regulatorios" corre por cuerda separada respecto del eventual permiso a YPF para exploración y explotación de petróleo en algunos sectores cuyos estudios prevén el hallazgo del oro negro. El permiso vía legislativa, como se recordará, era uno de los principales reclamos de varias bancadas opositoras.
La economía conlleva también ciertas problemáticas que en breve pueden provocar coletazos en la administración provincial como es la situación de muchos municipios y las mil y una maniobras de malabarismos ante situaciones deficitarias y presiones por demandas salariales de su personal.
Más allá de una paritaria provincial que atendió algunas cuestiones relativas a la legislación y a un marco de negociación, lo cierto es que en algunos, por no decir muchos distritos, la situación está al rojo vivo.
En el conurbano, en Lanús, por citar un caso emblemático hubo un paro de alto acatamiento y se espera una negociación para la semana que viene. En otros hubo acuerdos que permitirán tranquilidad durante un semestre o más.
Pero hay muchos municipios que necesitarán de la asistencia, requiriendo de la enfermería financiera del gobierno provincial, tanto en materia de subsidios como con adelantos de coparticipación. Sabido es que a la administración provincial, a la cual precisamente no le sobran los recursos, se le estaría creando una nueva problemática. Y en el contexto de esa pelea aparecieron varios intendentes opositores para atizar aún más el fuego con denuncias de discriminación.
En cuanto a la inseguridad nuestra de cada día, apareció una propuesta de gestión de "escrache a delincuentes" para contener y reducir este flagelo. Tal sugerencia, vale decir, no es novedosa en
En la época del gobernador Carlos Ruckauf, se avanzó en ese terreno con un escrache a violadores, que desde gran parte de la órbita jurídica tuvo una gran repulsa por aquella época.
Algunas muestras de ese accionar se observan en algunos países de América Central con respecto a casos de abuso sexual, pero motorizado desde las víctimas y organizaciones no gubernamentales afines.
Sin embargo, la promoción de estas políticas desde el estado siempre ha generado resistencias en distintos sectores y en el discurso del garantismo.
Posiblemente el objetivo político de Scioli pase por la cuestión de contrastar su modelo con la oposición y generar la mayor cantidad de adhesiones.
Pero el riesgo de quedar prisionero del discurso de la máxima dureza contra la inseguridad puede generar encantos en la coyuntura política, aunque bueno es señalar que estigmatiza y no deja posibilidades de una vuelta atrás.
Fuente: Agencia NOVA