El diputado provincial del GEN-Progresistas, Jorge Santiago, presentó una iniciativa sobre “Parto Humanizado”, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado que concluye el próximo sábado.

La violencia obstétrica es una de las modalidades más invisibilizadas de violencia contra las mujeres y su entorno familiar; y en el contexto de la Semana Mundial del Parto respetado, que busca concientizar sobre el embarazo y nacimiento cuidado y respetado, el legislador rojense presentó un pedido de informes sobre este tema del que poco se habla pero que afecta cotidianamente a cientos de mujeres.

Según el Observatorio de Violencia de Género (OVG), de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, es violencia obstétrica: “La falta de anestesia en determinadas prácticas, el ocultamiento de información a la paciente que le permita decidir sobre su cuerpo y su salud, la vulneración de su intimidad y la no consideración de las pautas culturales”.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las cesáreas no deben superar un 15 por ciento y que debe realizarse solo en casos necesarios, el año pasado las cesáreas superaron el 50 % en los hospitales públicos y en un 90 % en clínicas privadas.

El pedido de informes que el diputado Santiago presentó esta semana, dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal busca saber “si la Provincia de Buenos Aires se encuentra adherida a esta Ley Nacional 25929 de Parto Humanizado y su Decreto 2035/2015; y en caso de no estarlo explique los motivos de la decisión”.

Además, en su carácter de legislador y vicepresidente II de la Cámara baja bonaerense, Santiago quiere conocer cuáles son  los canales institucionales para tramitar los casos de violencia obstétrica, cuál es el organismo de monitoreo en las instituciones de salud, y la cantidad de casos de violencia obstétrica desde la reglamentación de la Ley a la fecha.

El diputado rojense también pretende averiguar si el Ministerio de  Salud de la provincia “ha  generado expedientes administrativos contra  profesionales de  la salud  por denuncia de violencia obstétrica en los últimos 12 meses”, entre otras cuestiones.

Cabe recordar que la Ley Nº 25.929, y su reglamentación Decreto 2035/2015, establece que toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los siguientes derechos: a) Ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; b) a ser tratada con respeto, de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales; c) a ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto; d) al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer, entre otras consideraciones.

Por último, Santiago resaltó que “en septiembre del año 2016, el OVG elevó ante el Ministerio de Salud provincial, para generar sus respectivos expedientes administrativos, 46 quejas de violencia y obtuvo tres respuestas del ministerio: una de un hospital provincial, una de un hospital municipal y otra de una clínica privada. Esta iniciativa parlamentaria pretende que la gestación, parto y posparto no se convierta en una forma más de vulneración de los derechos de la mujer”.