En un contexto marcado por informaciones periodísticas que dan cuenta sobre el crecimiento de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires, la reincidencia en delitos fatales como los últimos casos de violencia de género; o el repudiado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplicó la derogada Ley del 2 x 1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, el diputado provincial del GEN-Progresistas, Jorge Santiago, presentó un proyecto para obtener datos concretos sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y diseñar políticas que reviertan el panorama actual.
La iniciativa parlamentaria va dirigida a la gobernadora María Eugenia Vidal, para que a través de las instancias gubernamentales correspondientes informe sobre el número de internos o población carcelaria hospedada en cada una de las penitenciarías o unidades carcelarias de la Provincia; cuál es la cantidad total de detenidos con condena firme; cuál es la cantidad total de menores privados de la libertad y alojados en establecimientos dependientes de la Provincia; cuál es la cantidad de internos fallecidos durante el trascurso del corriente año. Discriminando aquellos fallecidos en episodios violentos o traumáticos.
Asimismo, el diputado y vicepresidente II de la Cámara baja pretende saber cuál es la cantidad de casos de torturas denunciados en el último año; qué número aproximado hay de personas privadas de su libertad, que sean reincidentes; estado edilicio de cada una de las unidades, cantidad real de camas y capacidad de alojamiento; si existiera, nivel de sobrepoblación de cada establecimiento; especifiquen trato que reciben conforme el sexo, situación procesal, edades, estado de salud y demás circunstancias diferenciables.
El legislador rojense pretende conocer cuál es el estado de los calabozos policiales y de baños utilizados por las personas privadas de su libertad, discriminando por comisarías y destacamentos. Número de personas detenidas en centros policiales, si existieran; plan de inversiones y/o recursos presupuestados en el presente año para refacción, ampliación y creación de nuevas unidades carcelarias, montos y destino asignado para las mismas; cuántos recursos se estiman necesarios para el eficiente funcionamiento de las unidades; qué cantidad de agentes se encuentra asignado en cada unidad, discriminando tareas administrativas técnicas y profesionales.
Las últimas inquietudes del proyecto en cuestión tienen que ver con cuál es el número de guardias, dedicados exclusivamente a la seguridad, calculados por persona privada de su libertad; si existe en todas la unidades carcelerías un plan de evacuación; qué cantidad de personas privadas de la libertad trabajan. Especifique que tareas desempeñan mayormente; si existe algún relevamiento de espacios con tierras cultivables en las unidades; y cualquier otro dato de interés, vinculado al tema plateado en la presente.
Santiago sostiene que “la población carcelaria en nuestra provincia ha ido aumentando sosteniblemente en la última década, lo que la fue convirtiendo en un foco de atención, no solo a nivel nacional sino también internacional”.
Tras apoyarse en distintos estudios de organismos de Derechos Humanos que critican fuertemente al SPB, como el Centro de Estudios Legales y Sociales o la Procuraduría de Violencia Institucional, Santiago recuerda que “en 2015 la provincia de Buenos Aires alcanzó la mayor población privada de libertad en su historia: 36.038 personas”. Y concluye afirmando: “La sobrepoblación carcelaria es responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo, pero también del poder judicial, ya que su responsabilidad no culmina con el dictado de la prisión preventiva o con una sentencia condenatoria, sino que debe prolongarse con la ejecución penal”.
