El reciente debate por el ploteo de vehículos municipales, con los nombre de los intendentes bonaerenses Verónica Magario (La Matanza), Mario Ishi (José C. Paz) o Jorge Macri (San Isidro), puso nuevamente en primera plana una mala costumbre de la clase política argentina: utilizar los fondos públicos para hacer propaganda personal.
Pero el 6 de diciembre del año pasado, el diputado Jorge Santiago (GEN-Progresistas) había presentado un proyecto de ley que en su artículo 1º expresa claramente: “Prohíbase la inclusión de nombres, símbolos o imágenes que impliquen la promoción personal del Gobernador, Vicegobernador, ministros u otros funcionarios del P.E.; como así también de integrantes del Poder Legislativo, en el marco de la publicidad oficial que se sustenta con fondos del presupuesto provincial”.
El artículo 2º de la iniciativa del legislador rojense es más que oportuno en este momento, a pesar de que desde el 20/03 está demorado en la Comisión de Reforma Política y del Estado, ya que establece que “la misma prohibición será aplicable a los Intendentes, secretarios u otros funcionarios de los Departamentos Ejecutivos, y a los Concejales, Concejeros Escolares y demás integrantes de los Concejos Deliberantes y Concejos Escolares, en lo referido a la publicidad oficial sustentada con fondos del presupuesto provincial o municipal”.
Santiago también incluyó una “cláusula transitoria”, que sería muy oportuna por estos días: “De existir, al momento de su promulgación, publicidad en los medios de comunicación, en la vía pública o en cualquier otro medio que viole lo establecido en los artículos precedentes, la misma deberá cesar de inmediato o se deberá modificar su contenido a fin de adecuarla a lo aquí normado”.
En su doble rol de diputado y vicepresidente II de la Legislatura bonaerense, Santiago fundamentó que “la publicidad oficial en nuestra provincia ha sido tomada, desde hace ya muchos años, como botín para la promoción personal de autoridades o funcionarios, tanto en el ámbito de la gobernación como en las intendencias”.
Tras cuestionar el hábito de que los gobiernos comuniquen sus acciones, o lo que ellos consideran sus logros, con una identificación personal del gobernante de turno, el diputado señala que “claramente esa actitud está en las antípodas del pensamiento republicano del que deberíamos abrevar, situándose por ende cerca de procedimientos de gobiernos autócratas, donde la figura del líder es resaltada de manera impúdica para intentar manipular la voluntad del ciudadano”.
Finalmente, Santiago opinó que “a esta altura del proceso democrático que vivimos debería ser un concepto plenamente compartido que el dinero público, que es de todos los bonaerenses, no puede ser utilizado para alabar logros de quien ocupa circunstancialmente un cargo, en lugar de informar a los ciudadanos la acción de gobierno”.
