En esta oportunidad, se trata de un grupo de ocho agentes municipales que fueran despedidos al inicio de la actual gestión municipal.

La totalidad de los echados fueron 34 de los cuales además de estos ocho, algunos otros ya han sido reincorporados durante este año, también por orden judicial.

El fallo da respuesta a una medida cautelar, mientras se resuelve la cuestión de fondo. No obstante ello impone algunas condiciones al Municipio para dar cumplimiento al oficio de reincorporación.

El empleador debe respetar en principio el lugar y condiciones de trabajo del empleado al momento de su despido. Y la que más afecta a las alicaídas arcas municipales es la que dictamina el pago de los salarios desde la baja hasta su reincorporación. A lo que se van sumando los honorarios y costas del juicio.

El dictamen judicial califica la actuación del Estado Municipal como una acción de persecución política, una cuestión que tiene que ser superada en estos tiempos.