La semana pasada en la vecina localidad de Salto, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza declarando la emergencia tarifaria en todo su distrito.
Y unos días después, el intendente Ricardo Alessandro la vetó por considerar que su implementación afectaría las finanzas del municipio.
Con el profundo convencimiento de estar haciendo lo correcto y de estar administrando correctamente los recursos del pueblo de Salto, he resuelto vetar la Ord. 30/18 que en líneas generales implicaba un impacto negativo de $ 5.5 millones en el presupuesto planificado para 2018. pic.twitter.com/YsTshOM73V
— Ricardo Alessandro (@CuraAlessandro) 13 de abril de 2018
La norma sancionada en el Concejo no sólo establecía la emergencia en materia de tarifas de servicios, sino que también disponía que unos 3 mil usuarios de la cooperativa eléctrica que tienen tarifa social sean eximidos del pago hasta el 31-12-2018 del alumbrado público y que a unos 1.250 pequeños comercios se le retrotraiga el aumento establecido en la tasa de seguridad e higiene a diciembre de 2017.
Al vetar la ordenanza, el intendente se comprometió a trasladar las más de tres mil firmas que habían juntado los vecinos por todos estos reclamos, a la Gobernación.
