El gerente de Clyfer Omar Frontera brindó precisiones sobre este nuevo incremento tarifario que promedia un 25% en todo el territorio provincial.

Se aplica a los consumos realizados desde el 23 de septiembre de este 2018 hasta el 31 de enero del 2019. Dejando en claro que a partir del 1 de febrero, volverán a subir.

Panorama por demás sombrío para los usuarios, máxime cuando el funcionario de la cooperativa reconoció que estos últimos meses se han incrementado las suspensiones del servicio, a pesar de agotar desde la empresa todas las posibilidades de dialogo con acuerdos de pago que resultan infructuosos en la mayoría de los casos.

También solicitó a la población que se ahorre lo máximo posible en el consumo, no dejando encendidas en forma innecesaria luminarias o artefactos eléctricos. Asimismo hizo hincapié que ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la boleta, el usuario se acerque a las oficinas para intentar llegar a una solución que evite finalmente el corte.

En cuanto a los aumentos, destacó que los rojenses lo sufriremos en las facturas que se reciban a fines de octubre con vencimiento en noviembre.

Solo a algunos clientes de las localidades de Carabelas, Rafael Obligado y Barrio La Loma, cuyas lecturas de medidores se están realizando por estos días, se les aplicará un prorrateo del incremento por estos 5 o 6 días que pasaron del 23 de septiembre, fecha de la vigencia del nuevo cuadro tarifario.

Los porcentajes varían según la clasificación del usuario, para los consumos residenciales se calcula un 24% - a quienes ahorren más del 20% un 23,9% - tarifa social con ahorro un 20% y sin ahorro 20,38% - comercios el 22% - alumbrado público el 26,36% - grandes consumos el 24% y quienes requieran una potencia distinta el 26,53%.

También se elevaron en un 17% los cargos por rehabilitación y conexión del servicio.

Y se refirió para finalizar a los peligros de las conexiones clandestinas, que han motivado algunas denuncias en fiscalía por fraude, no obstante recordar que siempre se puede llegar a un acuerdo para que los vecinos reciban el servicio, más allá de la situación económica difícil que puedan estar atravesando.