La débil regulación de los conflictos de interés en Argentina habilita la proliferación de contrataciones de allegados en todos los niveles de la administración pública. En tres meses ya empezaron a aparecer los primeros casos de familiares del macrismo contratados por el Gobierno. En Rojas, el intendente Claudio Rossi y sus funcionarios tienen a varios familiares suyos nombrados en la administración del Municipio.

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Mauricio Macri denunció que su gobierno encontró "un Estado plagado de clientelismo, despilfarro y corrupción" y anunció importantes medidas, tales como la ley de acceso a la información pública, la reforma del sistema de compras y la denominada "ley del arrepentido".

Apenas días más tarde se produjo una fuerte polémica por la contratación de familiares de funcionarios nacionales en importantes cargos públicos. La crítica alcanzó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, cuya esposa fue designada por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, como Directora de Relaciones Institucionales de la sociedad del Estado Radio y Televisión Argentina (RTA).

La situación fue especialmente controvertida debido a que el ministro tiene a su cargo las reformas que el gobierno se propuso en materia de empleo público, por las cuales se desvinculó a 6.200 personas (cifra oficial), se anunció la revisión de 11.000 concursos y fueron cancelados convenios laborales con universidades nacionales.

En Rojas, Rossi hizo todo lo posible para que su hermana, la docente Graciela Rossi, sea la referente de las Políticas Socio-Educativas. También contrató en forma directa, aunque no figure, a su consuegro José Savi para la limpieza de la ciudad. La secretaria privada del intendente, Silvina Ranieri hizo contratar a su hermano Nicolás Ranieri para cortar el pasto en las escuelas durante el invierno.

El presidente del Concejo Deliberante, Leonardo Armellini logró que su mujer María José Parisi trabaje en Obras Públicas, bajo la órbita del ingeniero Daniel Boyeras. El secretario de Seguridad, el inefable abogado penalista Miguel Núñez, tiene a su mujer Silvina Mistó como directora de Defensa Civil, Seguridad e Higiene. Ambos anunciaron que presentarán un plan para cada una de sus áreas a casi un año de haber cobrado sueldos y dos aguinaldos.

Nora Calderone, secretaria de Promoción Social hizo que nombraran a su hijo Tomás en el Corralón, además de que sea presidente de la Juventud Radical. El concejal Diego Pérez tiene a su padre como administrador del Hospital Unzué. La docente jubilada Ana Lía Révora, quien asesora al Municipio en Cultura y Educación por 45 mil pesos cuenta con su pareja, Miguel Ponce de León, haciendo tareas en la gestión de Rossi. Además Révora tiene a su hija Celeste Rosato como jefa de la Oficina de Licencis de Conducir.

Los argumentos de un lado y del otro han sido siempre los mismos. Los funcionarios alegan que no sólo necesitan personal idóneo, sino también "de confianza", mientras los críticos sostienen que hay favoritismo aun si se trata -lo que no siempre es el caso- de personas capacitadas. En particular, el ministro Ibarra explicó que es imposible llevar a cabo el abordaje de temas que se propone el gobierno sin equipos técnicos integrados por personal idóneo y de confianza al que ya se conoce.

Además, distinguió los procesos de ingreso al Estado que, según dijo, "deben ser por concurso" y a los que, por tanto, se va a jerarquizar estableciendo una carrera pública con transparencia y principios de mérito, de los casos en los que no rige la ley de empleo público o en los que se trata de plantas de gabinete o "privadas" de los funcionarios. Respecto de la situación puntual de su esposa, señaló que es una persona idónea y reconocida y que "si la eligen para un cargo que no es por concurso es una decisión de la persona que la toma" porque no rige la ley de empleo público, sino la ley de contrato de trabajo.

Para no ser alcanzados por la ley, los funcionarios no intervienen en el nombramiento de sus parientes, sino que los designan otros funcionarios en otras dependencias. Es por eso que el ministro Ibarra aclaró que fue Hernán Lombardi quien nombró a su esposa directora en RTA.

Pero, más allá del caso puntual, la pregunta subsiste: ¿podemos sostener seriamente que la relación de parentesco de una persona con un alto funcionario no tiene ninguna relación con su nombramiento por parte de otro alto funcionario? Si la legislación argentina incluyera los conflictos aparentes, nadie podría designar a los familiares de otros funcionarios (al menos no en forma directa, sin atravesar un concurso público), pues ello daría la apariencia de un conflicto de interés. Es de esperar que esto sea considerado entre las modificaciones que, según declaró la titular de la Oficina Anticorrupción, el gobierno planea realizar a la Ley N° 25.188.

Sería lamentable que un gobierno que se ha embanderado en la transparencia y la lucha contra la corrupción se aproveche de estos déficits y, a la vez, no formule ninguna propuesta concreta para superarlos. Por acción u omisión, la dirigencia política argentina ha permitido, en democracia, legalizar aquello de que "lo primero es la familia". Es hora de cambiar en serio.