LA
PLATA, Julio 10 (www.RojasCiudad.net)
Un proyecto presentado por el diputado provincial del GEN, Jorge Santiago, obliga a las empresas de telefonía móvil que operan
en territorio bonaerense, a que solo
puedan vender celulares liberados, compatibles con cualquier circuito
integrado. Así, de prosperar la iniciativa, los usuarios dejarán de estar
cautivos a la oferta de marca o modelo de la compañía con la que operan.
La
Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), al igual
que otras entidades, vienen sosteniendo desde hace años que “existe un vacío
legal que les permite a las compañías telefónicas tener un cuadro tarifario no
regulado, que va en constante aumento, sumado a que las inversiones que
realizan estas empresas no se ven reflejadas en las prestaciones”.
Esta
afirmación, que padecemos y conocemos los ciudadanos bonaerenses cotidianamente
y con creces, fue tomada por el legislador Jorge Santiago para elaborar un
proyecto que regule a la telefonía móvil.
Se
trata de un proyecto de declaración dirigido al Ejecutivo provincial, para que
lo eleve al nacional y su vez a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, y
se instrumenten “las medidas necesarias para que las empresas de telefonía
móvil sólo puedan vender celulares
liberados, compatibles con cualquier circuito integrado, conocido como chip, de
todas las compañías que operan en la
Provincia”.
El
uso de la telefonía celular se ha convertido en una herramienta de la vida
cotidiana y laboral de los argentinos, indiscutiblemente.
“La
Argentina -señala el escrito parlamentario- es uno de los países en donde la
cantidad de teléfonos celulares es muy superior con relación al número de
habitantes. Según el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), hay
62,5 millones de líneas móviles”.
Además
de reconocer que en distintos ámbitos sociales el celular “es necesario e
imprescindible”, Santiago aclara que la telefonía móvil “no ha sido declarada
servicio público por el Congreso de la Nación, siendo solo un contrato privado,
a diferencia de la telefonía fija que, con 9 millones de líneas, sí lo es. El
ser declarado servicio público le permitiría al Estado intervenir directamente
en su regulación”.
El
representante por la oposición de los bonaerenses que habitan en la Segunda
Sección, fundamenta la iniciativa en que “cada vez son más los usuarios que
desean tener libertad a la hora de elegir su equipo móvil, sin tener que quedar
adherido a la oferta –tanto en términos de marcas como de modelos específicos-
de la compañía con la que operan. Por ello, optan por adquirir celulares
liberados, lo cual les permite conservar el vínculo y utilizar el chip de la
telefónica con la que venían trabajando, pero en el dispositivo de su elección.
El hecho de optar por celulares liberados nuevos implica que deban abonar un aumento en su
compra”.
Tras
poner en evidencia la extorsión comercial a la que son sometidos los usuarios,
Santiago señala que “los celulares liberados son muy demandados por quienes ya
disponen de un móvil y les fue hurtado, lo extraviaron o desean pasar a un
equipo con mejores prestaciones y mayor tecnología. Esto les permite utilizar
el chip de cualquier telefónica adherida al sistema de celulares libres, sin
quedar cautivo de las ofertas de las compañías”.
En
opinión del diputado Santiago, “es la CNC quien debe controlar y exigir un
servicio de calidad, siendo su objetivo principal crear, administrar,
gestionar, monitorear y controlar los servicios y sistemas de
telecomunicaciones, plasmado en el decreto 1185/90 que le dio origen. Por otro
lado, se viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, que contempla que
los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la
protección de intereses económicos”. (www.RojasCiudad.net)