LA
PLATA, Marzo 17 (www.RojasCiudad.net)
Los reiterados y sorprendentes hechos de violencia que se registran día a día
en nuestra sociedad, llevaron al legislador provincial del GEN, Jorge Santiago, a presentar
recientemente un proyecto de ley que promueve un Programa Integran de Mediación
Escolar como herramienta preventiva para abordar conflictos de un modo
cooperativo, apostando a mejorar la convivencia y previniendo la escalada de
situaciones de violencia.
El
diputado oriundo de la ciudad de Rojas considera central “integrar los temas
pedagógicos y sociales a través del ejercicio cotidiano de la resolución
pacífica de conflictos”; pero al mismo tiempo cataloga como vital “trabajar
nuevas estrategias para atender la conflictividad en la convivencia social,
garantizando el derecho de los alumnos a recibir orientación y a que se respete
su integridad, dignidad, libertad de expresión y conciencia”.
En
la iniciativa, el legislador por la Segunda Sección provincial define a la
mediación escolar como “el proceso de comunicación horizontal en el que una
tercera parte, el mediador, genera las condiciones para que los protagonistas
del conflicto puedan compartir inquietudes, planteamientos, puntos de vista y
limitaciones, con el propósito de buscar un acuerdo mutuamente satisfactorio
para las partes”.
El
ámbito de aplicación de esta iniciativa será en todos los niveles y modalidades
del Sistema Educativo de Gestión Pública y Privada, dependiente de la Dirección
General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCE), con el
objeto de desarrollar, implementar y ejecutar la Mediación Escolar.
Asimismo,
Santiago precisa que será atribución de la DGCE crear el Registro Público de
Mediadores Escolares, establecer un área de Coordinación de Mediación Escolar y
suministrarle los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para su
funcionamiento, entre otras cuestiones.
El
procedimiento de Mediación Escolar tiene carácter confidencial, con lo cual las
partes, el/los mediador/es, los profesionales que las asistan, los expertos
neutrales y todo aquel que intervenga en el procedimiento, tiene el deber de
confidencialidad y lo ratificarán en oportunidad de la primera audiencia
mediante la suscripción del respectivo compromiso.
“En
estos tiempos -fundamenta Santiago-, la convivencia resulta compleja, estamos
viviendo en una realidad social que presenta espacios fracturados, diálogos
desencontrados en múltiples monólogos, diversidades no integradas; una sociedad
que desconoce diferencias, en la que la falta de seguridad y de estabilidad
laboral hace que se acreciente la violencia”.
Además,
la norma hace hincapié en “la mediación permite reconocer igualdades y hace
poder reflejarse, mirarse en el otro para identificar aquello que nos iguala de
lo que nos distingue; pero para ello es indispensable tener en cuenta donde
están los límites de cada sujeto, es decir, hasta donde llega mi construcción
de persona y hasta dónde la del otro”.
Por
último, Santiago admite que los marcos normativos que actualmente regulan la
convivencia escolar en la Provincia “resultan insuficientes para abordar las
nuevas y múltiples situaciones conflictivas”, tras lo cual da un plazo máximo
de 180 días para que el Poder Ejecutivo reglamente esta Ley.
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