ROJAS, Marzo 11 (www.RojasCiudad.net) El Concejo Deliberante de la capital provincial discutirá un proyecto de ordenanza que pondrá ese límite a quienes tengan antecedente de violencia de género o familiar. “El Estado debe ser el principal instrumento para la protección de los Derechos Humanos”, señaló la concejal FpV Lorena Riesgo, autora de la iniciativa.

Como se sabe, el exconcejal radical Fernando Pedraza es un nuevo integrante del gabinete del intendente Claudio Rossi. El flamante funcionario tiene en su haber denuncias por violencia de género y es un simpatizante de la dictadura militar, por lo tanto no podría ejercer funciones si estuviera en La Plata con esta nueva ordenanza.

El proyecto

Artículo 1º: Establecer que en todo el Partido de La Plata no podrán acceder a la Administración Pública Municipal, ni a ninguno de sus entes descentralizados, cualquier persona que  tenga antecedentes  por violencia de género y/o violencia familiar.

Artículo 2º: Lo establecido en el artículo precedente será aplicable a todos los cargos de planta permanente, planta transitoria y funcionarios que se desempeñen en el ámbito de la administración pública municipal y sus entes descentralizados.

Artículo 3º: Previo a la designación de un funcionario el intendente municipal deberá solicitarle a los mismos certificado de antecedentes penales  otorgados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación respectivamente,  con el fin de comprobar que se cumpla con lo establecido en el artículo 1º. De igual manera se procederá en la Dirección de personal para quienes quieran acceder a un empleo en la Municipalidad de La Plata y sus entes descentralizado.                                      

Los fundamentos

Considerando que el Estado debe ser el principal instrumento para la promoción  y protección de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular, es indispensable la implantación de políticas públicas orientadas a conquistar la igualdad y equidad de género en el marco de la justicia social.

La violencia de género y la violencia intrafamiliar son caracterizadas  como pandemias a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, si bien no existen estadísticas oficiales, se estima que en el año 2014 murieron 277 mujeres a causa de este flagelo. En relación  a la violencia intrafamiliar,  UNICEF declara que 1 de  cada 5 niños/as sufre situaciones de abuso sexual infantil.

Dado que estas problemáticas son consecuencia de relaciones económicas, sociales y culturales desiguales e injustas entre los géneros y que el principal obstáculo para su abordaje es la naturalización y su mitológica inscripción en el ámbito privado se hace necesario apuntalar su carácter, de  modo urgente, a la dimensión pública y  por lo tanto como asunto del Estado.

Si bien compartimos que es sumamente relevante que las mujeres protagonicen ámbitos de decisión estatal para combatir la discriminación y posibilitar  la transversalización de las políticas de género en el Estado, consideramos que, al mismo tiempo, es indispensable impulsar firmes pautas legales para sancionar y erradicar la violencia de género y familiar.

Por todo lo expuesto, esta ordenanza tiene el objetivo de sancionar a aquellas personas que tengan causas de violencia de género y violencia familiar probada en la justicia inhabilitándolos a acceder a cargos jerárquicos y empleos públicos en la Municipalidad de La Plata y sus entes descentralizados. (www.RojasCiudad.net)