Con la responsabilidad histórica que nos cabe como autoridades partidarias y militantes populares, alzamos nuestra voz para decir que en este 1º de mayo los trabajadores argentinos no tienen nada que festejar. Y esto es así porque después de casi cinco meses de gobierno de Cambiemos, las malas noticias para los sectores populares se reproducen diariamente mientras el presidente Macri y sus ministros se concentran casi exclusivamente en beneficiar a las patronales agroexportadoras y a las financieras.
Desde que asumió, el actual Gobierno ha tomado un conjunto de medidas económicas, sociales, financieras y previsionales que, analizadas en su conjunto, constituyen un sistemático plan de cambio de patrón de distribución de la riqueza, vulnerando derechos garantizados por nuestra Constitución, que han causado y seguirán causando gravísimas violaciones y restricciones a derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo y la promoción de empleos, consagrados en diferentes convenios y recomendaciones de la organización internación del trabajo (OIT).
Los trabajadores argentinos atraviesan una experiencia ya vivida y que terminara en una gravísima crisis social, política y económica (con las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001). Esta experiencia hoy reaparece de la mano de una oleada interminable de miles de despidos de empleados del sector público.
Despidos a mansalva sin ningún tipo de investigación sobre las tareas que se desarrollaban en las instituciones el Estado, con métodos policiacos y persecutorios. Macri y sus ministros desconocen lo que significa para una familia quedarse sin ingresos.
Bajo el disfraz de la modernización emprendieron la reducción o el desmantelamiento de áreas estatales y el vaciamiento de programas de políticas públicas, que contribuían a regenerar el entramado de la sociedad fortaleciendo el ejercicio de los derechos ganados.
Además están desplegando una perversa estigmatización de los trabajadores estatales acompañada de una persistente discriminación ideológica.
El bloque de poder económico, que sostiene al gobierno de Macri, coincide en la meta de redefinir el esquema de distribución de la riqueza que genera la Argentina, mientras el gobierno del Frente para la Victoria lo había puesto en debate permanente para lograr una distribución equitativa entre toda la población, Macri propone la concentración de la riqueza en unos pocos.
Por eso, detrás de los despidos se descubre el objetivo de determinar otra forma de organización socioeconómica, de la que se iba construyendo en estos últimos 12 años.
Retroceso del salario real de los trabajadores y disminución del poder adquisitivo, debilitamiento del mercado laboral con una tasa de desempleo de dos dígitos para infundir miedo y evitar reclamos salariales o de mejores condiciones de trabajo. Esta es la estrategia de neoliberalismo para reconvertir “una sociedad que se había acostumbrado a comer barato”, como sinceró el ministro de agricultura de la nación Ricardo Buryaile.
El objetivo del macrismo es redefinir el rol del Estado en la economía a través de la desregulación cambiaria del comercio exterior, desregulación de la fijación de precios, de los incentivos a la inversión privada y a los sectores de actividad financiera, para que el libre juego de la oferta y la demanda en un mercado claramente oligopólico, determine la orientación de la economía.
En definitiva, es un retroceso del rol del Estado en la economía, para delegar esa dirección en los grupos privados oligopólicos dominantes y esto se observa claramente en esta ola de despidos de empleados estatales y también en el sector privado.
Los economistas de Macri afirman que “los desequilibrios macroeconómicos” se deben al exceso de consumo interno impulsado por salarios altos y la elevada inversión pública, a la que llaman “gasto público”, recordemos que las economías desarrolladas lo son precisamente por el nivel de consumo de sus habitantes y el nivel de inversión pública de sus Estados.
Entonces, para abordar estos “desequilibrios” se propone oficialmente disminuir el salario real con paritarias de entre un 15 y un 25 % cuando la devaluación y los tarifazos dispararon la inflación por encima del 40 por ciento.
Para la lógica neoliberal, el ajuste ortodoxo sobre el salario-consumo y el gasto público-dimensión del Estado, son la única fórmula para restaurar el “equilibrio” donde unas pocas empresas y unos pocos poderosos se queden con la inmensa mayoría de la renta nacional.
Por eso, el propio presidente de la nación ha expresado que todavía hace falta que el Estado se desprenda de más y más empleados y ya se ha pronunciado contra el proyecto de Ley Antidespidos.
Los trabajadores argentinos toman conciencia día tras día que en menos de cinco meses de la administración Macrista han sufrido la mayor regresión distributiva desde la recuperación de la democracia en 1983. Porque paralelamente al desmantelamiento del Estado se aplica una política de desprotección de la industria nacional.
La devaluación descontrolo nuestra moneda, la aceleración del aumento de precios y los inminentes tarifazos en los servicios públicos serán el golpe de gracia para las pymes y los hogares.
Por todo esto, repetimos, en este 1º de mayo los trabajadores argentinos no tienen nada que festejar.
Y también reafirmamos nuestro compromiso con la cultura del trabajo, la producción, el desarrollo y la equidad social, pilares para la construcción definitiva de una argentina sustentable que transite el camino hacia la Justicia Social.
(*) Diputado provincial
Titular del PJ de Pergamino
