LA PLATA, Marzo 28.-Desde hace semanas, el Gobierno nacional repite, como una letanía, que prácticamente todos los males económicos que padecen los argentinos desaparecerán una vez que se concrete el nuevo canje de deuda, que ya tiene el aval de la comisión de valores de Estados Unidos y que comenzaría a cristalizarse dentro de 15 días cuando el Gobierno K oficialice su oferta a los acreedores.

Pero la realidad, que es la única e irrefutable verdad, dirá otra cosa: el único sector que se beneficiará con esta operatoria, y con el uso de reservas para pagar los vencimientos de deuda, será la patria financiera, el grupúsculo de banqueros y empresarios amigos de la administración K.

De poco servirá este acuerdo con tenedores de bonos para el 40% de la población que está en situación de pobreza, y que sufre en carne propia la inflación; tampoco habrá créditos blandos para adquirir viviendas o impulsar la producción, y generar así nuevos puestos de trabajo. Estos problemas, que son los que realmente sufren los argentinos, requiere de otro tipo de soluciones. Y para avanzar por ese camino se debería apuntar a modificar la estructura económica de nuestro país, que fue instaurada a sangre y fuego por Martínez de Hoz hace 34 años y que responde a los intereses de los mismos sectores que ahora se rasgan las vestiduras para que se pague la deuda sin importar su legitimidad.

El Gobierno oculta que, desde 1976 a la fecha, los argentinos han pagado tres veces la deuda original contraída que, además, está viciada de nulidad. Lo explica con meridiana claridad Miguel Angel Gil Espeche, profesor titular de la cátedra libre de Deuda Pública Externa de la Universidad de Buenos Aires, cuando afirma: “Una manera segura de seguir el hilo de la corrupción es verificar las comisiones pagadas por cada tramo de renegociación. Siempre se han enriquecido los mismos, porque las negociaciones son una industria muy próspera. La deuda externa es la matriz de la corrupción en la Argentina”.

Pero el tipo de razonamiento que utilizan los Kirchner, de querer pagar la deuda y arreglar como sea con los acreedores que quedaron fuera del canje de 2005, no es nuevo en la historia reciente de nuestro país.

En el año 2000, la entonces administración de Fernando de la Rúa anunció con bombos y platillos un acuerdo con el establishment financiero internacional en lo que se dio en llamar blindaje financiero: poco más de un año después explotó la crisis y De la Rúa terminó yéndose en helicóptero. En el medio estuvo la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía, que también impulsó el denominado megacanje que, en realidad, fue otro gran negociado que sólo favoreció a los banqueros amigos del poder.

En el año 2005, el tándem Néstor Kirchner y Roberto Lavagna retomaron el camino de favorecer al poder financiero. Realizaron un canje de deuda con quitas del 65%, pagando millonarias comisiones a los bancos que participaron en la operatoria y gritando a los cuatro vientos que nunca iba a ser reabierto. Acusaron a los acreedores que no arreglaron de ser fondos buitres que querían especular con los bonos de la deuda argentina.

Cinco años después, poco cambió. La Argentina sólo accede a créditos a tasas usureras. Pero el Gobierno borra con el codo lo que escribió en la mano e insiste en recurrir a negociados con el establishment financiero, para lo cual pagará nuevamente millonarias comisiones a los bancos que participen del nuevo canje.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue, con suma atención, el nuevo proceso de canje, ya que, una vez que se concrete, la administración bonaerense saldrá a colocar deuda por 1.100 millones de dólares en el mercado internacional. Las autoridades provinciales reconocen que pagarán una tasa del 11% después del canje, cuando actualmente estaría abonando entre 13 y 14% (Grecia, un país en crisis extrema, está accediendo a un financiamiento con tasas al 6%). ¿Una baja de dos o tres puntos porcentuales justifica realizar una nueva entrega a la banca internacional? Pareciera, en definitiva, que vuelven a a cometerse los mismos errores del pasado.

La realidad es que la administración provincial necesita encontrar de forma urgente recursos para poder paliar el abultado déficit crónico de las cuentas bonaerenses. Pero ello también se podría conseguir modificando el esquema de distribución de recursos coparticipables en la Argentina. Un reparto equitativo, del impuesto al Cheque por ejemplo, hubiese permitido a la administración bonaerense tener sus cuentas en orden.

Scioli, en la semana que pasó, blanqueó que mañana, durante una reunión que mantendrá la Presidenta con gobernadores, comenzarán a analizar cambios en el esquema de coparticipación. Sostuvo que la Provincia buscará recuperar los seis puntos que perdió en los años ‘80, aunque luego matizó sus declaraciones diciendo que se buscará evitar desfinanciar al Estado nacional, que es, en definitiva, el que se queda con gran parte de la torta.

¿Cómo se puede modificar la coparticipación cuando se requiere el acuerdo unánime de todas las provincias? ¿Qué gobernador aceptará ceder recursos para mejorar la situación de una provincia menos favorecida? Difícilmente en un país políticamente tan fragmentado como la Argentina actual se puedan encontrar consensos fuertes para avanzar en ese camino. Parece, más que nada, una estrategia de la Casa Rosada para patear la pelota para adelante y enfriar los reclamos de las provincias.

Ahora bien, por una cuestión de su propia supervivencia política, los K no dejarán que la provincia de Buenos Aires, que es gobernada por su principal socio político, entre en crisis. Y para ello tiene otros mecanismos para asistirla financiera y económicamente, dado que el Estado nacional es el principal acreedor de la deuda bonaerense.

Además, dentro del propio esquema de coparticipación existen otras alternativas, como es actualizar los montos de lo que la Provincia percibe por el Fondo del Conurbano, o cumplir con la normativa vigente que establece que el dinero a distribuir a las provincias no debe ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central. En los últimos años, el Gobierno kirchnerista incumplió de forma reiterada con esta ley, lo que implicó que indebidamente se retuvieran a la Provincia unos $ 4.000 millones por año. Con este dinero se podrían haber solucionado algunos de los graves problemas que aquejan a los bonaerenses.

Supervivencia política

En el horizonte cercano, el principal interés político que tiene la Casa Rosada es garantizar su propia supervivencia, tarea en la que está recibiendo el apoyo involuntario de una oposición que cada vez se muestra más anémica y que se está desvaneciendo en sus propias contradicciones.

Esta situación es aprovechada por la Casa para lanzar distintos globos de ensayo. Uno de ellos es posicionar al gobernador Daniel Scioli como el candidato del oficialismo a 2011, aprovechando los aceptables índices de imagen positiva que registra. Pero, en los últimos días, desde la Casa Rosada, muy tibiamente, comenzó a hablarse de la posibilidad de que Cristina vaya por una reelección. Se trata, por el momento, de una mera estrategia de medición, dado que la situación actual muestra al matrimonio presidencial con índices de aceptación social que son prácticamente irremontables.(Fuente: Diario HOY)