LA PLATA, Marzo 28.-(Por MARISA ALVAREZ) En 1612 Lope de Vega escribía una comedia que alcanzaría un logro singular: que cuatro siglos después un nombre -el que le dio a su obra- siga sirviendo como la síntesis universal de un concepto, el que describe a un pueblo entero haciéndose cargo de un crimen cometido por un par de ejecutores que pusieron en práctica la voluntad de todos.

Lope de Vega recreaba en esa obra un relato histórico de 1476. Narraba cómo los pobladores de Fuente Ovejuna -una aldea de la Córdoba española- se habían unido para acabar con un gobernante cruel, cansados de sus abusos y prepotencia. Los matadores fueron unos pocos jóvenes del pueblo. Pero cuando llegó hasta el lugar un juez para averiguar quiénes habían sido los asesinos, se encontró con que a la pregunta de "quién lo hizo", hombres, mujeres, niños y ancianos, cada uno de los habitantes respondía "Fuente Ovejuna lo hizo, señor".

En Fuente Ovejuna "buenos" y "malos" cometieron crímenes. Y no se trataba de avalar moralmente a unos y a otros no. Se trataba de la recreación de la realidad social, siempre profundamente compleja. De lo que ocurría hace cuatro siglos y de lo que ocurre en estos tiempos. Por eso Fuente Ovejuna sigue sirviendo hoy para explicar con su sola mención un fenómeno social, no precisamente aplaudible, que se repite a lo largo de la historia de la humanidad tal vez porque no se suelen atender las causas que podrían evitarlo.

CUALQUIER PARECIDO CON LA FICCION...

Invirtiendo los términos de la advertencia que figura en las películas, podría anticiparse aquí, no obstante, que cualquier parecido de lo ocurrido el domingo pasado en Baradero con la ficción es pura coincidencia. Evitaría a las autoridades el análisis de todo un costado crucial de los gravísimos hechos que se sucedieron en esa ciudad de 30 mil habitantes del norte bonaerense.

Dos adolescentes que viajaban en una moto murieron ese día en un choque con una camioneta conducida por inspectores municipales de tránsito. Cierta o no, la convicción de que el choque no había sido accidental sino provocado por los agentes comunales -que, según ese relato, habrían perseguido y "tocado" a la moto para detenerlos y sancionarlos porque los jóvenes no llevaban casco- corrió como reguero de pólvora por la ciudad y tres horas después unas dos mil personas se habían reunido para protestar por esas muertes y miraban impasibles como un grupo de no más de 50 incendiaba y destruía la Municipalidad.

ENFOQUES DEL DRAMA

Hasta hoy no se conoce quiénes fueron los ejecutores de ese estallido de violencia. No se sabe si el choque fue un accidente o provocado por los agentes municipales. Se habló bastante de la pasividad de los miles de vecinos que asistieron a la destrucción de la Municipalidad. Pero no lo suficiente. Y se habló bastante menos de la pasividad de quienes tienen la responsabilidad de evitar los desmanes, la policía del lugar, que obviamente también estaba mirando los sucesos.

El gobierno provincial convirtió en central que hubieran actuado, presuntamente, "infiltrados" que "agitaron" la violencia con fines políticos. Habría indicios de que así fue. Pero si así fue, resulta alarmante que la "inteligencia" del ministerio de Seguridad haya culpado con nombre y apellido a una persona de la que dijo que es concejal y no lo es y la señaló como dirigente de una fuerza política a la que no pertenece.

Es también inquietante que cada vez que hay una reacción ciudadana de indignación ante el accionar -o la inacción según los casos-, desde el Gobierno se denuncie que las protestas fueron provocadas por infiltrados políticos con fines desestabilizadores. Hubo varias de estas "denuncias" en los últimos meses incluso sin que las protestas aludidas hubieran incluido hechos de violencia. Concretamente, algunas marchas de vecinos reclamando seguridad a partir de una muerte en asalto en su barrio, por cierto tensas si de ánimos de la gente se trataba pero sin incidentes graves.

De ese modo se instala la idea de conspiraciones, desestabilizaciones institucionales, a veces expresamente planteadas como tales y a veces sugeridas, que tienen significativos efectos. Desmerecen y deslegitiman las protestas ciudadanas. Convierten en víctimas a los destinatarios de los reclamos de las reales víctimas -concretas o potenciales- de alguna ineficiencia de un organismo estatal y diluyen su responsabilidad. Y, lo que es más preocupante, en el propio Gobierno se descuida el análisis de porqué se produjo esa protesta ciudadana, imprescindible para solucionar problemas que aquejan a la sociedad.

Es necesario que quede claro. El Gobierno tiene el derecho -la obligación- de advertir la eventual presencia de infiltrados y conspiradores en expresiones ciudadanas. Y de recurrir a la Justicia para que los sancione con todo el rigor que semejante acción merece. Pero la "denuncia" de presuntas situaciones de ese tipo no puede convertirse en un mecanismo de reacción instantánea frente a las protestas. Y es tan grave adjudicar movilizaciones vecinales a la acción de agitadores cuando estos no existen como que éstos existan y no sean nunca llevados ante la Justicia.

La tragedia de Baradero reflejó también el desdén ciudadano por las normas, incluidas las creadas para cuidar sus propias vidas, como lo es el uso de cascos para los motociclistas; una actitud por cierto no exclusiva de la gente de esa ciudad. Esa "cultura" excede las posibilidades de análisis en este espacio pero sin duda debe ser abordada tanto por la sociedad como desde el Estado. Y requiere que la dirigencia de todos los niveles de responsabilidades públicas empiece por reconocer cuánto pueden incidir en este "mal argentino" los incumplimientos de las leyes de parte de quienes las crean y tienen el rol de controlar que se respeten.(Fuente: EL DIA)