Por el momento, la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un recurso administrativo ante la Secretaria de Energía.
Y su titular, Guido Lorenzino, en declaraciones públicas, anuncióo que, en caso de no prosperar “iremos a la Justicia si no eliminan la compensación que los usuarios tienen que pagarle a las empresas de gas”
Le pedimos a @JavierJiguacel que suspenda la resolución donde decidió compensar por la devaluación a las empresas de gas. Si no lo hace vamos a defender a los usuarios en la Justicia. Es ilegal que la gente tenga que pagar con su sueldo el descalabro económico del Gobierno. pic.twitter.com/1ZdHJ4s6QY
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) 8 de octubre de 2018
Lorenzino confirmó esta decisión luego de presentar un recurso ante el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, para que dé marcha atrás con la polémica decisión. “Es ilegal”, sostuvo.
En el escrito se le exige al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, que suspenda la medida oficial que habilita a que los usuarios deban pagarle una compensación a las distribuidoras de gas por la devaluación, y confirmó que “si por esta vía no se soluciona esta decisión ilegal, iremos a la Justicia”.
“La resolución provoca un agravio irreparable a los derechos de los usuarios. Es una medida incomprensible, que pone en evidencia a un gobierno que no sabe cómo manejar la política de servicios públicos y que claramente se inclina a favor de las empresas y no de la gente que ya no da más de pagar un aumento tras el otro”, expresó Lorenzino.
El recurso administrativo presentado por la Defensoría se dio como respuesta a los numerosos reclamos derivados por la medida de la Secretaría de Energía de establecer un cobro para los usuarios en 24 cuotas en concepto de “recupero de crédito” para que las prestatarias puedan compensar las diferencias que provocó la devaluación entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales desde abril hasta septiembre de 2018.
“La disposición es ilegal porque va en contra de una serie de normas que regulan la prestación, por lo que en caso de que nuestra exigencia no tenga una respuesta positiva, iremos a la Justicia para buscar ponerle freno a esta política que sólo busca que la gente tenga que hacerse cargo de todos los desaciertos de la Nación del gobierno nacional”, cerró el ombudsman.