ROJAS, Marzo 18 (www.RojasCiudad.net) El gobierno bonaerense oficializó el decreto que obliga a todos sus funcionarios a presentar declaraciones juradas, medida que se adoptó con el objetivo de “avanzar en la aplicación de políticas de transparencia”, tal como lo adelantó la gobernadora María Eugenia Vidal en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Como la norma dispone un plazo de 30 días desde la asunción del funcionario para que se entregue esta información, en los hechos la disposición ya está vigente.

La disposición, publicada en el Boletín Oficial, destaca que “la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial es una de las herramientas esenciales para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública como fuente de autoridad y ejemplaridad social”. En ese marco, añade que “para cumplir con la finalidad de transparencia establecida es necesario que sean accesibles al ciudadano”.

En la nueva normativa están comprendidos la gobernadora; el vicegobernador, los ministros del gabinete provincial, los secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y todos los demás funcionarios con jerarquía equivalente.

El fiscal de Estado y fiscales de Estado adjuntos también quedan incluidos, al igual que los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo; el personal superior de la administración centralizada y descentralizada, inclusive empresas del Estado, con jerarquía igual o superior a subdirector o subgerente.

Las norma incluye, asimismo, al personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría; o personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos. También tendrán que presentar declaraciones juradas todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones.

Cabe señalar que esta disposición debería llegar a los municipios para transparentar la administración en el primer eslabón de la cadena estatal. Por ende los intendentes y sus secretarios deberían presentar la declaración jurada para luego evaluar si han ejecutado como corresponde los presupuestos y si han cumplido con el deber de funcionario público. (www.RojasCiudad.net)