A pesar de que por mucho tiempo fue vista con buenos ojos por los activistas ambientales, la corporación agrícola estadounidense Cargill entró en conflicto con este sector dado que se negó a aceptar una moratoria a la compra de soja cultivada en tierra de una región delicada del territorio brasileño, y por incumplir sus metas antideforestación.

Se trata de El Cerrado, una enorme sabana del país vecino donde la compañía adquiere grandes cantidades de soja de agricultores locales. Esta región representa alrededor del 60 por ciento de la producción total en Brasil.

Movimientos activistas solicitaron a la compañía que establezca una moratoria en la cosecha de soja en El Cerrado, que ya perdió más de la mitad de sus especies vegetales nativas y tiene menos protección legal que la región amazónica. Pero los directivos de Cargill desestimaron el pedido.

Este año, la firma reconoció que no alcanzaría la meta ambiental que se había propuesto hace una década: eliminar la deforestación de su cadena de suministro para el 2020. En cambio, difundió un nuevo “plan de acción para la soja” que promete 30 millones de dólares para el desarrollo de “opciones económicamente viables para los agricultores, como alternativas a la conversión de vegetación nativa”.

Desde el grupo activista Mighty Earth argumentaron que David Mac Lennan, director general de Cargill, les aseguró que la compañía apoyaría una moratoria en El Cerrado. Sin embargo, Ruth Kimmelshue, directora de Sustentabilidad de la firma, negó que haya un compromiso en ese sentido, y afirmó que la situación en la zona es particularmente complicada. En parte, debido a la competencia que representan las compañías chinas, que compran la mayoría de la soja brasileña.

Por otro lado, los activistas aseguran que no debería haber conflicto, ya que los agricultores brasileños podrían seguir cultivando soja en tierras ya desmontadas sin afectar el medioambiente.