LA
PLATA, Diciembre 13 (www.RojasCiudad.net)
El diputado provincial del GEN, Jorge
Santiago, presentó un proyecto que crea el cargo de “fiscalía ambiental” en
cada Departamento Judicial, y solicitó el acompañamiento de todo el arco
político porque “es lo que manda la Constitución nacional y la provincial”.
El
proyecto de Ley presentado por el Diputado Jorge Santiago, oriundo de Rojas,
fundamenta que a partir de 1994 y hasta la actualidad nuestro país avanzó
normativamente en el reconocimiento del derecho a un ambiente sano mediante la
ratificación de Tratados Internacionales, y su incorporación tanto en la
Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Y es en ese marco que hoy promueve crear la “Fiscalía Ambiental”, bajo la
órbita de la Procuración, y que su proyecto sea acompañado por todo el arco
político.
Santiago
recuerda que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado… y tienen el
deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho…”; por otra
parte, la Constitución Provincial sostiene en su Artículo 28 que “Los
habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones
futuras. La Provincia… En materia ecológica deberá preservar, recuperar y
conservar los recursos naturales…promover acciones que eviten la contaminación
del aire, agua y suelo… y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos
naturales y culturales”.
El
representante legislativo por la Segunda Sección considera que “resulta ser una
herramienta necesaria e idónea (el fiscal ambiental) para dar tratamiento a una
creciente problemática dentro del marco jurisdiccional. Ya existen experiencias
en países como Venezuela, Brasil, México, España, Costa Rica, Paraguay, entre
otros, que han dado importantes pasos en la temática al constituir fiscalías
ambientales. Existe consenso sobre su efectividad para ayudar a disminuir los
delitos contra el ambiente y la protección de los recursos naturales”.
Asimismo,
Santiago destaca que con la puesta en funcionamiento de las fiscalías ambientales
“se propone prevenir los daños, actuar con celeridad, solicitar informes a los
organismos oficiales con competencia ambiental, y optimizar las mandas legales
que desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental”.
En
la nueva Ley se afirma que resulta necesario contar con herramientas
provinciales que puedan trabajar de manera coordinada con organismos nacionales,
provinciales y municipales. Y la especialización de un funcionario judicial en
medio ambiente es una necesidad real y urgente que acompaña el crecimiento en
la materia.
Por
último, Santiago especifica las funciones del nuevo instrumento judicial y que
serán: “Promover la actuación de la Provincia ante la justicia, en defensa de
los intereses generales ambientales y ante toda actividad positiva o negativa
que afecte los derechos del artículo 28 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires; coordinar la acción de prevención, reparación e investigación con
distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales, pudiendo
requerir la colaboración a instituciones nacionales e internacionales
especializadas en materia ambiental; recibir denuncias o actuaciones
prevencionales que llegaren para su conocimiento, referidas o relacionadas a
delitos tipificados por la legislación sobre medioambiente y efectuar las
derivaciones correspondientes, dentro del Ministerio Publico Fiscal o hacia
otras Instituciones de la Provincia”, entre otras cuestiones”.
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