Los ocho pedidos de informes destacan una dramática estadística, relevada por la Asociación Civil Luchemos por la Vida: durante el 2012 hubo 2354 muertes por accidentes de tránsito en la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 7485 en todo el país.

Además, las iniciativas del legislador oriundo de Rojas destacan que las rutas nacionales que surcan el territorio bonaerense son las de “mayor índice de peligrosidad”, basándose en un informe del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi).

En cuanto a las rutas provinciales, el pedio de informes se dirige al Poder Ejecutivo para que a través de los organismos que correspondan de cuenta de las rutas 45, 191, 30 y 6.

Concretamente, Santiago quiere conocer su estado de conservación, cuál es la dependencia provincial y/o municipal a cargo; las obras realizadas y terminadas, las a realizase, con el detalle de los trabajos y plazos para las ejecuciones; empresa u organismos encargados de los mismos; detalle de tareas de iluminación y señalización de sectores más transitados, con disminución de velocidad, como lo son las entradas o accesos con o sin rotondas, a las ciudades o pueblos, entre otras cuestiones.

Asimismo, las iniciativas de Santiago apuntan a saber qué se hizo tras el decreto 532/09, que reglamentó la Ley N° 13.927 de “Tránsito de la Provincia de Buenos Aires”, en cuanto al objetivo y misión de reducir la tasa de siniestralidad mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales, indicando los mecanismos para su implementación.

Los proyectos buscan conocer la ejecución presupuestaria de los fondos destinados a obras de mantenimiento y reparación de las rutas, saber con certeza si están concesionadas, en qué tramos, cantidad de cabinas de peaje, inversiones realizadas y plazo de contrato, son otras de las inquietudes de los proyectos.

“Debería plantearse como prioridad -reflexionó Santiago-, para el gobierno, el objetivo de reforzar mecanismos de coordinación entre los diferentes entes estatales, sean nacionales, provinciales o municipales, con los privados, en el caso de concesiones de tramos de rutas, a fin de garantizar una normal circulación y no lamentar la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales”.

Las nacionales

En lo referente a las rutas 193, 9, 8 y 188, los proyectos de Santiago se dirigen al P.E. provincial y le solicita que establezca los mecanismos de comunicación pertinentes con el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de recabar información a la brevedad y por puntos concretos, con la preocupación de evitar la pérdida de vidas humanas y daños materiales.

Si bien las preocupaciones son similares tanto para las rutas provinciales como para las nacionales, sobre estas últimas Santiago refiere a la Ley N° 26.363, modificatoria de La Ley de Tránsito 24.449, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, recordando su “misión” en cuanto a la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación y control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales; anta lo cual el Diputado exige datos concretos sobre los mecanismos de implementación y sus resultados.

Por último, Santiago consideró que “los caminos viales nacionales que atraviesan la provincia revisten grandes falencias y han generado innumerables accidentes”. (www.RojasCiudad.net)