Por Javier Orellano, corresponsal de Rojas Ciudad en Junín

Parece que está quedando demostrado que no son lo mismo. La corriente judicial de la política transcurre en caminos diferentes, salvo cuando se alinean para defender a algún exponente.

Por eso, una vez más, el ex intendente Mario Andrés Meoni zafará de cualquier responsabilidad penal por el manejo de la millonaria caja de la empresa Grupo Servicios Junín y mirará desde la tribuna cómo cuatro de sus pingos enfrentarán un juicio. Que por otra parte, tampoco será ejemplificador ni mucho menos: apenas un tirón de orejas con condenas de prisión sin efectivo cumplimiento. Una manchita más para el tigre, apenas.

Por estos días, el complejo proceso que debió hacer frente el fiscal Javier Ochoaizpuro irá quedando culminado. Con unas pruebas finales que debían llegar por estas horas, sólo resta que defina cuál será la imputación para los dos nuevos procesados: los ex directores Damián Itoiz y Carlos Albaqui.

Ya están en carrera desde hace un tiempo Javier Gabrielli, ex secretario general del municipio, que para el fiscal es un “partícipe necesario en el delito de malversación de caudales públicos”, y el ex gerente de la empresa de gas, Vicente Griselli, quien la tiene más fea: lo acusan de malversación y también peculado, un delito un poco más grave.

Con el ex ‘JuninYa’ y el ‘Pollito’ a la cabeza, se les imputan gastos extraordinarios realizados con la plata de la empresa, como folletería para la campaña electoral 2015 y algunos insumos que luego fueron hallados en la casa de Griselli, que fue allanada.

“Tenemos estas dos facturas de Artes Gráficas S.A. y Artes Rioplatenses S.A., dos empresas que hicieron un trabajo cada una para nosotros. Les preguntamos para saber qué hicieron, porque lo único que nosotros imprimimos son algunos folletos de información y las facturas. Descubrimos que con el costo de 72 mil pesos, a pedido de un exfuncionario municipal hicimos esto (levanta una diario publicitario de Meoni), que llegó a la puerta de cada casa de la ciudad. Y otra factura del 9 octubre del 2015, con lo que se hizo un volante muy lindo de buena calidad, se pagó con dinero de esta empresa (120 mil pesos)”, detalló en su oportunidad Pablo Torres, actual director de la empresa.

También hubo otro “temita”: el excesivo gasto en combustible, que justamente fue mayor para dos meses electorales: agosto y octubre de 2015, fechas de las PASO y elecciones generales. Con los mismos vehículos que la administración actual gastaba al inicio de la gestión alrededor de 12 mil pesos mensuales, durante la administración meonista las facturas llegaban a 180 mil y 230 mil. O sea, los vehículos casi no paraban.

Bueno, a pesar de estas denuncias, de las pruebas, de los testimonios y de las pericias realizadas, y sobre todo, a pesar de que el actual director del BAPRO, Mario Meoni, era el candidato a intendente en 2015, parece que nada tiene que ver en lo legal con estos gastos extraordinarios que casi llevan a la quiebra a la empresa.

El exintendente, en la causa judicial, no tiene relación alguna con ningún delito, pese a que era el jefe político de los cuatro imputados, que seguían a pie juntillas sus órdenes, dentro y fuera de Gas Junín. Pero casi ni siquiera quedó mencionado: nadie se animó a sindicarlo como el jefe de la banda y ni siquiera fue citado a declarar, ni como testigo.

La causa hoy

El fiscal Javier Ochoaizpuro está acelerando su trabajo por estos días y todo parece que desembocará en un pedido de juicio abreviado, para los cuatro, en los que finalmente recaerán las responsabilidades penales sobre lo acontecido en la empresa juninense durante la administración meonista.

Por estos días, está por recibir unos resultados finales de pericias realizadas en La Plata por parte de especialistas contadores, que analizaron ejercicios contables, facturación y números de todo tipo. Con esto, el Bocha ya estaría en condiciones de valorar las pruebas, analizar los pasos a seguir y definir los delitos cometidos, además de resolver a quiénes imputará y si será en forma dolosa o culposa. Esto, además de Gabrielli y Griselli, que ya esperan una fecha para avanzar al juicio oral.

Ahora falta elevar la situación que involucrará a Damián Itoiz y Carlos Albaqui. Entre los cuatro, la estrategia judicial a desplegar parece que será pedir el juicio abreviado. De allí se llevarán una condena casi segura, pero que no implicará cárcel en ninguno de los casos, sólo sentencias más o menos graves que no son de efectivo cumplimiento. Lo que se llama “prisión en suspenso”.

Además, se incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y como hecha la ley, hecha la trampa, acá puede ser que se consideren inadecuados para volver a la función pública sólo para el mismo cargo que tenían en el momento de las irregularidades sancionadas. O sea, pasando en limpio: pueden ser candidatos en las elecciones y hasta podrían ocupar secretarías, ministerios o direcciones que hasta ahora no tuvieron.

En ninguno de los casos se analiza que devuelvan efectivamente lo que mal administraron o faltó de los recursos públicos durante su gestión. Esto es, que le reintegren a los juninenses del patrimonio público de la empresa de gas lo que faltó, que no fue poco.

Bien afuera

En esta causa, que ya lleva casi dos años y medio de análisis, pruebas, declaraciones, pericias y denuncias públicas sobre las malversaciones de la plata de la gente durante la administración municipal anterior, el mismísimo Mario Meoni está a salvo.

No apareció ni un elemento ni una declaración que haga sospechar su participación. A pesar de su responsabilidad política central.

Es que en definitiva, la clase política tiene un instinto corporativo que se pone de manifiesto cada día. Para la tribuna, se bardean en público e intercambian chicanas, pero en la intimidad, acuerdan, perdonan y olvidan… ninguno sabe qué vereda ocupará el día de mañana, en este permanente juego argentino de cambiar camisetas. Hoy acá, mañana allá… quién sabe. Así que nunca es bueno ‘reventar’ a un compañero…

Por eso, a pesar de la supuesta grieta local que divide a los ‘PRO’ de los ‘renovadores’, Marito está protegido. Apenas desempleado del cargo público en Junín, accedió a uno más descontracturado y fructífero (en lo salarial) en el Banco Provincia, donde ya tendría asegurada su continuidad. ¿Qué mejor ejemplo de la amistad política?

Difícil de entender para el vecino común… era el jefe total y absoluto, pero resulta que no tenía nada que ver ni con el descalabro de la obra pública.

Prendió el ventilador

Lo más preocupante para muchos funcionarios no fue la arremetida del “sheriff” Luis Chami contra el fiscal Esteban Pedernera, sino por quién más puede seguir.

Hace unos días, el asesor municipal en Seguridad denunció públicamente al titular de la UFIJ N° 8 por no cumplir con sus deberes “como corresponde”, según el parámetro establecido por varios artículos de la Ley de Ministerio Público.

Lo que no trascendió fue el trasfondo de esta elevación que hizo Chami, con una nota que para que no pase desapercibida, envió a la Fiscalía General, a la Procuración, a su jefe de la Secretaría de Seguridad, al Concejo Deliberante y hasta el Colegio de Abogados.

Según se rumorea, el cuestionado fiscal general Juan Manuel Mastrorilli saltó como leche hervida a defender a su polluelo, con los tapones de punta para que todo muera ahí, en esa carta.

Pero en su intento de defensa, aseguran que fue más allá y se animó a presionar hasta al propio Pablo Petrecca, cuestionándolo por la conducta de su subalterno y culpándolo como estratega detrás de la denuncia. Vaya a saber con qué palabras, parece que el fiscal general lo intimó al Intendente para que haga callar a Chami, tarea imposible si es que las hay.

“Si Chami tiene elementos no lo van a parar, va para adelante como soldado ciego”, aseguran en los pasillos de Tribunales.

Además, más allá de su análisis particular sobre el funcionamiento y deberes de la Justicia, en este caso enfocado en Pedernera, Chami contaría con el aval policial. Desde este sector habrían partido las primeras objeciones al trabajo del fiscal, que provocó malestar por decisiones que fue tomando y no cayeron bien entre los uniformados y sus jefes.

Al margen, el intento de presionar al poder político por parte del fiscal Mastrorilli, viejo amigo y cómplice del ex intendente Meoni, queda para futuros análisis. Y para preocupar.