Según informó el Semanario de Junín, los cuatro ex funcionarios meonistas involucrados judicialmente en la causa por irregularidades en la empresa de Grupo Servicios Junín, aceptaron ser culpables de los delitos que se les imputaban, a cambio de no ser expuestos ante un juicio oral y público.

La idea de ser centro de atracción durante algunos días, con testimonios y declaraciones varias, que dieran cuenta de sus (des)manejos al frente de la firma propiedad de todos los juninenses, no los sedujo.

Por eso, Vicente Griselli, Damián Itoiz, Javier Gabrielli y Carlos Albaqui acordarán con el fiscal casi las mismas penas que iban a recibir en el juicio oral, sólo que sin debate ni mayores detalles hacia la opinión pública. De este modo, se suspenden las actuaciones que iban a registrarse a partir del martes 20. Y será a puertas cerradas un acuerdo.

La peor parte se la llevará Griselli, ex gerente de Grupo Servicios Junín, quien estaba acusado de “malversación de caudales públicos” (como los otros tres), pero también de “peculado”.

Por eso, será el único caso en que se aplicará una pena de prisión, de dos años y medio, por lo cual no deberá cumplirla efectivamente. Si en ese tiempo se porta bien y no lo denuncian por nada, podrá seguir en libertad.

El “Pollito” también deberá ser solidariamente responsable con los otros tres imputados para hacer frente a la multa que se acordará: se habla de un millón y medio de pesos. No queda claro, hasta que se haga público, si es por cabeza o en conjunto. Además, los cuatro serán inhabilitados para ejercer funciones públicas.

Por la tangente

De este modo, se pone fin a una causa judicial que llevó adelante el fiscal Javier Ochoaizpuro, a partir de la denuncia presentada por el titular de la empresa, Pablo Torres, cuando revisaron las cuentas al asumir, en enero de 2016.

Con la plata de todos, estos cuatro ex funcionarios meonistas mandaron a hacer folletería para la campaña electoral de Mario Meoni en el 2015, realizaron gastos exorbitantes de combustible en los meses de las PASO y las elecciones generales de ese año y hasta fueron acusados de utilizar fondos públicos para adquirir bienes personales, entre otras cosas.

El estado caótico en que quedó Servicio Grupo Junín, que no podía garantizar que la gente tuviera gas, pero sin embargo se adentraron en otros negocios productivos (?) como telefonía, internet y hasta inmobiliarios con venta de terrenos para Procrear, parece que no se condice con la pena que trascendió, al menos benévola.

Toda la furia del actual presidente del directorio cuando asumió y descubrió las irregularidades, se transformaron en un tibio “no queríamos ver a nadie colgado de la plaza”. En realidad, ningún juninense lo quería, con que devuelvan lo que se llevaron en forma indebida, era suficiente.

Como un rey

En esta historia, a pesar del “final feliz” de la causa, por supuesto hay hijos y entenados. A juzgar por los resultados, Vicente Griselli parece ser el más responsable de las desprolijidades y arbitrariedades cometidas con los fondos públicos de Grupo Servicios Junín.

Incluso más que los propios directores, Itoiz y Albaqui, que si nos guiamos por el sentido común, cualquiera calcularía que daban las órdenes.

Del mismo modo, Javier Gabrielli –ex secretario general del municipio- asumirá su culpabilidad: le pondrá el pecho a las balas para defender a su jefe político.

Más allá de los condenados, ¿a alguien se le ocurriría pensar que el ex intendente Mario Meoni nada sabía de estas maniobras? Y sin embargo, su cintura logró una vez más eludir la justicia. No fue citado jamás, ni siquiera como testigo.

Rechazan recusación contra Ochoaizpuro

La jueza de Garantías Marisa Muñoz Saggese rechazó la recusación que el abogado de Jorge Fernández solicitó para el fiscal Ochoaizpuro, a cargo de la causa por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, que se le imputan al ex alcalde de Lincoln.

En el transcurso de una audiencia celebrada días atrás, el exjefe comunal y su abogado, Humberto Pastor, consideraron que el fiscal demuestra "falta de objetividad, parcialidad y arbitrariedad" contra Fernández, insinuando que, incluso, podrían pedir su juicio político.

Ochaizpuro, en tanto, manifestó que "ellos consideran que al haberse dictado el sobreseimiento en la originaria causa tramitada en la UFIJ 4, se desestimó y dicen que yo estoy investigando dos veces la misma cosa, cuando en realidad lo que se está haciendo es investigar hechos nuevos a partir de denuncias que hizo la nueva gestión municipal".

El ex intendente de Lincoln entre 2003 y 2015 fue denunciado por su sucesor, el radical Salvador Serenal, por los delitos de presunta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Fernández fue detenido el 24 de enero pasado, siendo luego beneficiado por la Cámara de Apelaciones con el beneficio de prisión domiciliaria.