LA PLATA, Agosto 12 (www.RojasCiudad.net) El diputado provincial del GEN, Jorge Santiago, presentó esta semana un proyecto de solicitud de informes conteniendo 19 preguntas, dirigidas al Poder Ejecutivo provincial y por su intermedio a los organismos correspondientes, con el fin de que hagan saber a la legislatura la preocupante situación de la llamada “Garrafa para Todos” y su persistente faltante en la mayoría de los municipios bonaerenses.

Cabe recordar que en año 2005 se promulgó la Ley Nacional Nº 26.020, denominada “Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo” (GLP), que otorgó a la Secretaría de Energía de la Nación la facultad de establecer precios de referencia para cada región y para cada semestre estacional de invierno y verano. De este modo se implementó la garrafa social subsidiada para uso doméstico, comúnmente denominada garrafa social.

El extenso cuestionario del legislador oriundo de Rojas pretende develar: cuál es el consumo anual de GLP, butano y/o mezcla, discriminado por municipios; qué comunas forman parte del plan “Garrafas para Todos”, sus puntos de venta realmente existentes y habilitados; si existen previsiones para aumentar la cantidad puestos de venta y ampliar los horarios de atención de los mismos.

También cantidad anual de garrafas de 10, 12 y 15 kilos comercializadas en el marco de dicho programa y del Acuerdo de Estabilidad de Precio del Gas; si la provincia cuenta con productores y fraccionadores de GLP; en caso afirmativo, emita listado completo de los mismos, detallando volumen operado y monto de subsidios recibidos por cada uno de ellos.

Además, las preocupaciones de Santiago comprenden “qué medidas de control” se han implementado para garantizar que la población de menores recursos pueda acceder a la denominada garrafa social; cuál es la autoridad que audita que se cumpla con el Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de Petróleo, suscripto con fecha 19 de septiembre de 2008 y ratificado por resolución nacional 1.071/2008 de la Secretaría de Energía; qué mecanismos de control se utilizan para corroborar el cumplimiento de los precios establecidos por resolución nacional 197/2010 y establecer las multas pertinentes, ante incumplimientos.

La iniciativa legislativa aspira saber cuáles son las causas y/o motivos que afectan el normal abastecimiento y comercialización de GLP detectado a la fecha, y cuáles son las medidas implementadas para su solución; en qué parte del proceso se detectaron la mayor cantidad de fallas y/o irregularidades; si ha tomado conocimiento de la existencia de prácticas irregulares en la distribución de las garrafas sociales en diversos  municipios.

Además de los lugares donde pueden recurrir los usuarios a efectos de realizar alguna queja por el incumplimiento del Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas, así como de otras normas anexas y/o complementarias (como la resolución 7 del año 2002, sobre exhibición de precios, reglamentaria de la ley 22.802, de lealtad comercial), entre otros cuestiones.

A pesar de los acuerdos de precios que se vienen prorrogando año tras año, llega el período invernal y nos  encontramos con el mismo escenario : la garrafa social resulta sumamente difícil de conseguir debido, principalmente, a la persistencia del faltante de garrafas en la mayoría de los municipios, sumado a que los puntos de ventas son muy escasos y muchos de éstos se encuentran alejados de los barrios que no cuentan con tendido de red de gas natural, y la gran especulación ante la escasez, con subas injustificadas (y podríamos agregar, desorbitantes) de precios.

“El mayor problema -fundamentó Santiago en el proyecto- está centralizado en los puntos de venta minoristas, a los que a veces les llega el producto por encima de los 16 pesos o los mismos comerciantes aplican fuertes subas porque el precio está fijo desde 2009 y casi no tiene ganancias”.

Otro aspecto que aborda en la iniciativa son las dificultades que implican las grandes distancias para que los consumidores puedan acceder a las mismas: “Teniendo en cuenta que en estos casos el uso del colectivo se encuentra prohibido, siendo otros medios alternativos como taxis o remises muy caros. O en el caso de las bicicletas y motos, de alto riesgo, lo que significa que muchos usuarios deban trasladarse a pie y cargando las pesadas garrafas a lo largo de grandes distancias”, concluyó. (www.RojasCiudad.net)