LA PLATA, Mayo 20 (www.RojasCiudad.net) El diputado provincial de la UCR, Gustavo Vignali, presentó un proyecto de ley que pretende instaurar en el territorio bonaerense una instancia administrativa obligatoria, previa a la vía judicial, a sustanciarse en sede administrativa (hoy se encontraría en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo), con la finalidad de intentar poner fin, de un modo rápido pero también eficaz, a las controversias individuales o pluri-individuales del trabajo que se susciten entre empleadores y trabajadores.

Se trata del alcanzar, nada más ni menos, lo que en la doctrina laboralista se define “como un acuerdo suscripto por el trabajador y el empleador homologado por autoridad judicial o administrativa” y lo cual está expresamente previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 15 de la Ley 20744, bajo el título “Acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios”, al establecer que los mismos “serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de ésta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes”.

Lo que se busca es que esta forma habitual de finalización del proceso que se ha dado en llamar conciliación, cuente con una instancia obligatoria, en sede administrativa, donde la misma pueda tener lugar, previo a toda concurrencia de las partes a la vía judicial, creando así una posibilidad para el trabajador de reparación en un lapso de tiempo menor, pero lógicamente manteniendo incólume el acceso a la jurisdicción laboral para el caso de no arribar a un acuerdo en esa oportunidad.

Como antecedente cabe mencionar que de acuerdo a las estadísticas del organismo que regula este sistema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente desde enero de 2014 hasta octubre del mismo año se abrieron 1.107.619 expedientes de los cuales se homologaron 387.126, 678.740 cerraron sin acuerdo, 1.185 no se homologaron  y 46.911 se observaron. Por lo que al menos, aun sin tener en cuenta los expedientes observados que pudieron ser corregidos, el 35 % de los conflictos lograron encausarse en sede administrativa y evitaron que las partes deban recurrir a la vía judicial.

Entonces, la presente iniciativa pretende hacerse eco de esta problemática y se inscribe en la tendencia que ha seguido la legislación procesal laboral, desde la sanción de la ley 5178, en aras de lograr un procedimiento más ágil para la resolución de conflictos de tal naturaleza, atendiendo a las particulares características alimentarias de los créditos del trabajador, el cual por su simple condición de tal, necesita arribar rápidamente a una solución, evitando en lo posible largos procesos que hacen que la sentencia resulte insatisfactoria. (www.RojasCiudad.net)