LA PLATA, Mayo 16.- (Por Marisa Alvarez) Daniel Scioli decidió esta semana el más trascendente cambio de gabinete adoptado en los 29 meses transcurridos de su gestión. Hubo en este tiempo movimientos quizás más fuertes en términos políticos, como los despidos del recaudador Santiago Montoya y del ministro de Asuntos Agrarios Emilio Monzó, ambos por directos pedidos de Néstor Kirchner. Y alguno de signo especialísimo, como el relevo de su hermano José, que ocupaba la Secretaría General de la Gobernación, aunque también ese caso tuvo un factor común con aquellos dos: el posicionamiento crítico del funcionario frente a políticas y estilos del gobierno nacional y del kirchnerismo.

Pero, aunque también tiene condimentos políticos, el desplazamiento de Carlos Stornelli del ministerio de Seguridad aparece fuertemente relacionado con la intención de Scioli de producir un cambio en el campo más crítico de su gestión, el signado por el avance del delito en la Provincia y la impotencia evidenciada hasta ahora para contenerlo.

Las encuestas muestran invariablemente a la inseguridad como el problema que más preocupa a los bonaerenses y el reclamo más fuerte y urgido hacia la administración pública. Los funcionarios suelen adjudicar esa inquietud a una "sensación". Pero en este caso habría que decir que la ciudadanía tiene una percepción perfecta de la realidad. Estadísticas de la Justicia conocidas esta misma semana revelan que en la Provincia, en promedio, el año pasado una persona fue asesinada cada cinco días durante un robo, que se produjeron cinco robos con armas por hora y que hubo casi cuatro secuestros extorsivos por mes.

Aún en su genético estilo contemporizador, el Gobernador dejó públicamente en claro que la movida -técnicamente, la fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia, para dejar a cargo de la megacartera al titular de la segunda de esas áreas, Ricardo Casal-, tenía que ver con resultados insatisfactorios en el combate a la delincuencia, hablando de lo que "falta por hacer" y de "corregir errores" en materia de seguridad.

La ratificación en el cargo del hombre que Stornelli había elegido hace más de un año para conducir la Policía, el comisario Juan Carlos Paggi, y los virtuales superpoderes que se le otorgaron a éste por estas horas -se le encargó que defina los cambios de estructuras y de nombres que habría que hacer en el resto de la cúpula y todo el esquema de mandos de la fuerza-, en tiempos en que está fuertemente cuestionada la eficiencia de la Policía, refleja, por lo demás, que el Gobernador colocó en Stornelli, de manera prácticamente excluyente, el virtual fracaso de la política de seguridad -y policial- seguida hasta ahora.

Con todo, y más allá de una primera referencia de Stornelli a "cuestiones electoralistas" para argumentar su relevo, la salida de este ministro fue formalmente pacífica, sin expresiones abiertamente agresivas y aún con algún gesto amistoso de uno y otro lado. Sobre todo, si se tiene en cuenta el nivel de tensión que, desde los más diversos frentes institucionales, había terminado acumulándose en torno de ese ministro.

ACUMULACIONES DE TENSIONES

La sistemática negativa de Stornelli a admitir errores y deficiencias, y a desplazar responsabilidades -como su denuncia sobre un presunto complot policial para explicar el asesinato de tres mujeres en sendos asaltos, en un año en que murieron otros 71 bonaerenses en situaciones similares; denuncia que primero radicó e hizo pública y luego comentó con el Gobernador-, fueron desgastando el respaldo de Scioli a su gestión.

El ahora ex ministro aceptó excepcionalmente reunirse con legisladores que debían votar alguna ley que él pedía o pretendían información sobre hechos gravísimos. Y en los últimos meses su relación alcanzó niveles de extrema tirantez con la mayoría de sus pares. Con el ministro de Desarrollo Social, Baldomero Alvarez, ni se hablaba, y en las últimas semanas no le atendía el teléfono al nuevo secretario General de la Gobernación, Javier Mouriño.

Pero quizás fue la pésima relación de Stornelli con los intendentes el factor "extra resultados operativos concretos" de mayor peso en su salida. En realidad, habría que hablar de su "no relación" con los jefes comunales, porque durante su gestión no los atendió ni por teléfono; una "política" que aplicó por igual a oficialistas y opositores, a los del Conurbano y a los del interior y aún a los que lo llamaban en el momento que tenían una manifestación de vecinos frente a sus sedes municipales, y querían conocer algún dato sobre el crimen que motivaba la dura protesta de la comunidad.

Con la fusión de Seguridad y Justicia y la designación de Casal -un funcionario que se ha caracterizado, entre otras cosas, por atender a legisladores, intendentes y a todos los actores institucionales que han querido hablar con él-, en fin, el Gobernador apunta a una nueva etapa con doble objetivo: que las demandas vinculadas al delito no se focalicen exclusivamente en la Policía sino también en otras patas del sistema de seguridad, y a una gestión de "puertas y oídos abiertos". (Fuente: EL DIA)