“Es increíble que en un tema como la salud mental, se vulnere la protección de los derechos humanos”. Así lo aseveró el diputado provincial del GEN-Progresistas, Jorge Santiago, al presentar una iniciativa que expresa “preocupación y rechazo” al proyecto de reforma del Órgano de Revisión Nacional, creado por la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones: “La Autoridad de Aplicación de la Ley es la misma que debería controlar”, cuestionó.

El proyecto de declaración que Santiago presentó en la Legislatura bonaerense, a fin de diciembre, alerta sobre una iniciativa que en el Congreso Nacional “pretende reformar el Órgano de Revisión Nacional creado por la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26.657, que propone trasladar al mismo bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, siendo así la Autoridad de Aplicación de la Ley a la que debería controlar, vulnerando la independencia misma del Órgano”.

El diputado rojense y vsicepresidente II de la Cámara baja Provincial, fundamentó que con esa iniciativa nacional “se deja de lado la importancia fundamental que tiene el contar con organismos independientes de protección de derechos humanos de usuarios de servicios de salud mental”.

El legislador por la Segunda Sección bonaerense recuerda que “el ORN se creó con el fin de proteger a los usuarios de servicios de salud mental en todo el territorio nacional”, y resalta que “el proyecto elimina de su conformación plenaria a las organizaciones de usuarios y en su lugar define la participación de 2 asociaciones de psiquiatras, sin tener en cuenta que de la efectiva participación de los familiares de usuarios en estos organismos depende la eficacia del sistema de control y la vigencia de sus derechos humanos”.

Según manifestaron en un comunicado los trabajadores del ORN “la independencia del Órgano es la piedra angular para la prevención de prácticas que se aparten de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos; el órgano no debe recibir influencias políticas, ministeriales o de proveedores de servicios de salud”.

“De acuerdo a datos suministrados por la Red Nacional de Salud Mental y Comunitaria de Derechos Humanos -detalla Santiago-, desde el 2013 el ORN intervino en más de 8 mil casos individuales, 50 casos generales sobre condiciones de internación, 270 visitas y monitoreos, 250 evaluaciones interdisciplinarias. Resolvió el Dictamen sobre uso de Electroshock desalentando su uso, y el Documento sobre muertes en instituciones monovalentes de Salud Mental, señalando la obligación de investigar todas las muertes en contexto psiquiátrico, entre otras medidas. Fue y continúa siendo clave para la promoción de otros Órganos Locales en las provincias de nuestro país y la garantía de respeto a los derechos humanos de todas las personas con padecimiento mental”.

En la Provincia de Buenos Aires, la Ley provincial de Salud Mental N°14.580, sancionada el 27 de noviembre de 2013, en su Art. 1° adhiere a la Ley Nacional N°26.657, y establece que el Órgano de Revisión Local (ORL) está compuesto por La Defensoría del Pueblo, que  lo preside, constituyendo su organización en dos instancias: Secretaría Ejecutiva -integrada por un cuerpo técnico interdisciplinario- y el Plenario. Este último conformado por representantes de la  Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Colegios Profesionales,  Asociaciones de Derechos Humanos, Usuarios y Familiares, Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Observatorio Social Legislativo, Sindicatos de trabajadores de la Salud, Procuración General, Poder Judicial, Universidades.

Finalmente, el Diputado Santiago reflexionó que “la reforma propuesta contraría normas de jerarquía constitucional e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, por ello, resulta fundamental defender la existencia de mecanismos de control como el Órgano de Revisión de carácter independiente y con participación efectiva de los usuarios”.