En ese camino, el próximo martes 31 de julio a las 8 de la mañana, estarán presentes en una audiencia en los Tribunales de Pergamino, donde sus abogados plantearán su oposición a la elevación de la causa a juicio, reiterando el pedido de sobreseimiento, por entender que no existen siquiera indicios que acrediten el delito por el que los acusa.
Asimismo están organizando un abrazo simbólico al edificio de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en La Plata, donde repetirán los motivos de sus protestas. Sera el 15 de agosto a las 11 horas.
Recordemos que los hechos sucedieron el 2 de marzo de 2017 hacia las 18.45 horas, donde como consecuencia de un incendio en los calabozos, fallecieron siete presos.
Los policías imputados por estas muertes son Sergio Rodas, Matías Guillieti, Alexis Eva, César Brian Carrizo, Carolina Guevara y el comisario Alberto Donza, quien estuvo prófugo por más de un ano.
Toda esta situación es observada con interés en nuestra comunidad, por resultar oriundos de Rojas tanto Donza, como los policías Carolina Guevara y César Brian Carrizo. A los que se suma por el lado de la cuestionada justicia, el fiscal general de los Tribunales de Pergamino, Mario Daniel Gómez.
Además de la audiencia del 31 de julio y la convocatoria al edificio de la Corte Suprema Bonaerense para el 15 de agosto, los familiares de los detenidos difundieron un documento con su posición sobre la causa judicial que reproducimos textualmente:
“Cuidemos a los que, con verdadera y real vocación de servicio, nos cuidan todos los días”
El 2 de marzo de 2017 se produjo una pelea en los calabozos de la comisaría primera de la ciudad de Pergamino. Por este motivo, los policías encerraron a los detenidos en las celdas y, posteriormente, estos mismos internos provocaron un incendio, que le costó la vida a 7 de los 19 detenidos en esa dependencia. La justicia de Pergamino alude que la policía es responsable.
Para poder entender por qué están detenidos los policías, vamos a detallar algunas cuestiones para tener en cuenta. Existía una resolución judicial que prohibía que en esa dependencia policial hubiera más de 18 detenidos, por la peligrosidad y la gravedad que esto generaba a los mismos reclusos. Tanto el juez Solazzi, como el fiscal Mastorchio, no le dieron ninguna importancia a esa resolución y ni siquiera la tuvieron en cuenta, e incorporaron a esa dependencia al detenido número 19 el día 1º de marzo de 2017, en violación así del cupo establecido por la justicia.
El jueves 2 de marzo, unas horas antes de que se produjera una pelea entre los internos que luego terminara con un incendio que provocó la muerte de 7 detenidos, y según detalla un informe enviado el 3 de marzo al Subsecretario de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Martín Lorat (Ref. Expte. SDH Nº 5/10), el Dr. Máximo José Fernández (Defensor General) detalla que el día jueves por la tarde (día del hecho) se hizo presente el Secretario de la Defensoría Oficial en la seccional Primera a fin de controlar que se cumpliera con el cupo de alojamiento correspondiente. Según este informe enviado a la Corte Suprema, en la comisaría había 18 detenidos el día del hecho. Hay algo que nos llamó poderosamente la atención: en lugar de decir “19 detenidos” como había en ese momento, figuran 18, y el número está tapado con el sello de goma de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Pergamino, lo que lo hace poco legible. Allí se ve claramente por qué el Departamento Judicial de Pergamino está empecinado en criminalizar a los policías que estuvieron de turno el día del hecho. Si entendemos que los responsables de controlar que en la comisaría se cumplan con las condiciones de detención, veremos que son los mismos que integran el Comité Permanente de Seguimiento de Personas Privadas de Libertad. Este Comité está integrado por los Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Pergamino, el Defensor General, Dr. Máximo Fernández, y el Fiscal General Dr. Mario Daniel Gómez. Por este motivo, el Departamento Judicial de Pergamino tendría que haberse excusado de entender en esta causa, ya que dos de los integrantes de la Cámara de Garantías, el Defensor Oficial, el Fiscal General, el Juez de la causa y el fiscal tienen intereses generados a partir del fraguado de datos por tener responsabilidad directa en los hechos, acta que lleva la firma de los cuatro magistrados.
No conforme con todos los atropellos realizados desde el Departamento Judicial de Pergamino dentro del proceso de esta causa, también avalaron la elevación a juicio de los policías sin pruebas en su contra.
Esto es una terrible aberración que no podemos dejar pasar por alto, ya que estos agentes, sin ninguna mancha en su legajo, hoy hace 15 meses que se encuentran presos para cubrir la desidia del Poder Judicial de Pergamino. Este proceso está lleno de nulidades y vicios desde el comienzo, ya que el acta que da inicio al proceso también esta fraguada, esta vez por el Dr. Mastorchio.
Para poder encontrar la verdad y lograr justicia necesitamos imparcialidad y objetividad de los magistrados. Por este motivo, solicitamos la intervención del Poder Judicial de Pergamino, ya que no están dadas las garantías procesales, y esto se ve en la causa; este expediente está lleno de atropellos e irregularidades por parte del poder judicial. No se respetan los plazos procesales y las resoluciones en su mayoría no están fundadas con ajuste a derecho. Como ciudadanos no podemos permitir semejante atropello, ya que hoy les toca a los agentes del orden, pero seguramente en otro momento le tocará a otro, porque evidentemente es el método que ellos utilizan. Un país sin justicia sana no llegará jamás a nada.
Necesitamos operadores judiciales con ética para lograr una sociedad justa. Por estos motivos exigimos a las autoridades de la provincia de Buenos Aires una inmediata intervención para que se pueda arribar a la verdad sin criminalizar a los agentes del orden por desidia de las autoridades judiciales.
Esto sucede hoy en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Apelamos a que los organismos de control den inmediata intervención para lograr una justicia transparente y eficiente como merecemos todos los ciudadanos.
“Que un delincuente delinca es algo, si se quiere, esperable y normal. Pero que el Estado lo haga a través de sus órganos es algo que resquebraja el sistema jurídico; que los jueces legitimen tal proceder implica que no son jueces de la Constitución” (Durkheim).
