Cintia Molina Alonso, víctima de una pesadilla junto a su esposo e hijo, narró su caso al Semanario de Junín poniendo en evidencia la maldad policial en acción, la falta de comportamiento y lenguaje adecuados, la libertad de saberse más fuertes y el amparo superior.

La maldita policía jamás desapareció. Ni siquiera porque María Eugenia Vidal saque pecho cuando presenta el registro de efectivos exonerados.

Y los vecinos son los damnificados diarios. A veces es mucho más que un policía caminando que hace la vista gorda ante una simple infracción de tránsito, o la falta de patrullaje nocturno dejando a la ciudad desamparada, como tierra liberada.

El relato de Cintia, delegada sindical en la empresa Medilogos, es aterrador.

La denuncia fue radicada por un abuso policial que sufrimos con mi marido el día 24 de agosto pasado. Mi hijo iba con un amigo hasta una rotisería donde trabaja la mamá, y cuando volvían la policía los persiguió. Mi hijo no quiso parar porque siempre buscan un pretexto para secuestrarle la moto, una Honda Tornado 250 cc, así que la dejaron en el patio de la casa del amigo.

La policía llegó luego al lugar, identificó la moto y se metieron en el domicilio. Para sacarla, tuvieron que romperle la traba, además de destruirle algunos plásticos, la rayaron, le sacaron las calcos… o sea le ocasionaron males innecesarios.

Para esto mi hijo me llama porque les estaban tirando balas de goma, así que con mi marido nos acercamos hasta el lugar que era Paso y Chilavert.

Cuando llegamos, justo salía un policía con la moto de tiro, así que me acerqué a preguntarle por qué se la llevaba. Me respondió que era robada, pero yo tenía los papeles en mi poder. Entonces me contestó que era mi hijo el que andaba robando y que se tenía que llevar la moto. Todo esto mientras me empujaba.

Yo lo miré y le dije que era una mujer grande, hasta podía ser su madre. ‘Qué me importa’, me respondió, y me volvió a empujar, y me hizo caer al piso.

Esto lo vio mi marido que anda con un bastón porque está operado de la rodilla, y se quiso acercar, pero otro policía le pegó un culatazo y también lo tiró al piso.

En esto llegaron tres mujeres policías que me empezaron a golpear, hasta me arrancaron mechones de pelo, además de las barbaridades que decían, con un léxico totalmente deplorable. Me siguieron pegando en el piso, me pusieron las esposas pero después me las sacaron y desaparecieron. Nos quedamos ahí, con todos los vecinos mirando.

De ahí fuimos hasta la Comisaría Segunda, donde me dijeron que la moto estaba en el Comando. Ahí estaba el jefe de guardia, que me dijo que él creía en su gente y respondía por ellos; no quiso ni darme el nombre, así que nos retiramos.

Cómo siguió

Con eso, la historia recién arrancaba. “A las 8 de la mañana siguiente, nos entregaron la moto en la Comisaría Segunda, con un papel que decía que había estado en depósito judicial, algo totalmente falso. Además de las roturas, cuando llegamos a casa creímos que hacía ruido, y el mecánico que fue nos dijo que tenía arena en el motor”, cuenta Cintia Alonso a Semanario.

“Por todo esto, con mi marido fuimos a la Fiscalía e hicimos la denuncia ante el fiscal Carlos Colimedaglia que estaba de guardia. Nos hizo revisar los golpes que teníamos por una médica, y ahí empezó todo el proceso judicial”, relata.

Y hay más: “En septiembre recibimos en mi casa la visita del jefe policial de calle Facundo Mantegazza, que nos dijo que quería arreglar por la vía más rápida: ver cuáles habían sido los daños y pagar los gastos”.

“Mi marido quería aceptar, porque era una moto que todavía estábamos pagando y los arreglos eran costosos, arriba de 60 mil pesos. Nada más que el tambor y llaves originales eran 11 mil pesos. Pero los once policías involucrados no quisieron arreglar de esta manera, y por eso siguió la causa”, subraya Cintia.

La política

La mujer remarca que “para esto yo le envié una carta al intendente Pablo Petrecca contando lo que había pasado y la posibilidad de solamente recuperar lo que nos habían destrozado. Le puse que yo quería que supiera lo que estaba pasando en la policía, porque él era responsable”.

“Pero  me mandó a mi casa al señor Luis Chami, que decía que se había comunicado con el fiscal, algo que no fue así sino que en Fiscalía había dicho que pararan un poco porque él iba a tratar de arreglar todo”, agrega.

El funcionario en Seguridad “quedó en llamarnos, pero no lo hizo, así que se comunicó mi marido y entonces Chami le dijo que no iban a pagar nada, que todo quedaba en manos de la Justicia”.

El reclamo

No es difícil entender qué pretende la familia de Cintia: “Teníamos una moto casi 0 km, queremos que la paguen”.

Pasado el tiempo, Cintia asegura que “ahora dejamos de sufrir el asedio que siguieron haciéndole a mi hijo, después que hablamos con los jefes”.

Y recuerda: “En otra oportunidad, el mismo oficial que nos rompió la moto había acusado a mi hijo de ingresar a un domicilio, cuando era la casa del abuelo del amigo que tuvo que ir a declarar después. Ahí me perdieron documentación de la moto que después apareció; son siempre las mismas personas”.

“Creemos que en estos casos la responsabilidad total es del Intendente, porque él deja que la policía actúe de esta forma. Y nuestra seguridad depende de él”, concluye. El tiempo tiene la palabra.